Los ataques antidemocráticos en Brasilia cumplen dos años y amplían el debate sobre la regulación de redes sociales y la lucha contra las noticias falsas en el país.

Foto: Joédson Alves/Agência Brasil

Comparte

Los cambios anunciados por Meta este martes 7 de enero,que incluyen el fin de su programa de verificación de hechos y una política más permisiva respecto a contenidos sensibles en Estados Unidos,ocurren mientras Brasil todavía enfrenta las consecuencias de los ataques antidemocráticos del 8 de enero de 2023,organizados y promovidos ampliamente a través de redes sociales.

En un video publicado en Instagram,Mark Zuckerberg,CEO de Meta,criticó las “decisiones secretas” de tribunales latinoamericanos,sin mencionar explícitamente al STF (Supremo Tribunal Federal) de Brasil,que ha tomado decisiones clave para responsabilizar a las plataformas y las “milicias digitales” tras el evento. Con esto,Zuckerberg refuerza un discurso que podría deslegitimar acciones judiciales contra la propagación de desinformación tanto dentro como fuera de Brasil.

El CEO justificó el movimiento como un retorno a las “raíces de la libre expresión”,argumentando que los verificadores de hechos estaban sesgados y contribuían más a la “censura” que a la verdad. Sin embargo,expertos advierten que eliminar las barreras al contenido falso o extremista podría reabrir espacios para discursos antidemocráticos como los que impulsaron los ataques a las instituciones brasileñas.

View this post on Instagram

A post shared by Mark Zuckerberg (@zuck)

Cambio de postura global

El cambio de postura de Meta se produce en un contexto global de presiones políticas. En Estados Unidos,la compañía parece alinearse con la administración de Donald Trump,con medidas que flexibilizan el control de contenido y amplían la influencia de voces conservadoras.

El modelo anunciado para Estados Unidos,inspirado en las Community Notes de X (antes Twitter),depende de la autorregulación por parte de los usuarios,lo que podría resultar ineficaz para contener la propagación de desinformación en países polarizados como Brasil.

También lee: Los 5 hitos de la geopolítica digital que definieron el 2024

Medidas a la brasileña

Mientras tanto,el Congreso brasileño sigue debatiendo el Proyecto de Ley 2630/2020,conocido como la Ley de Fake News. Aprobado en el Senado,el proyecto enfrenta obstáculos en la Cámara de Diputados,donde el presidente de la Cámara,Arthur Lira,formó un grupo de trabajo para elaborar un nuevo texto,impulsado por las polarizaciones políticas (izquierda contra derecha).

Dada la complejidad del tema y las divergencias en torno a la regulación de las plataformas digitales,no está claro si la Ley de Fake News será aprobada en 2025.

Paralelamente,el STF retomará el juicio sobre la modificación del artículo 19 del Marco Civil de Internet,para regular la responsabilidad de las plataformas digitales por el contenido publicado por los usuarios. Esta discusión es pertinente mientras las nuevas políticas de Meta generan dudas sobre la capacidad de las empresas tecnológicas para colaborar con los gobiernos y la sociedad en la lucha contra la desinformación.

El tribunal también conduce investigaciones sobre la propagación de noticias falsas y la actuación de milicias digitales,en las que está incluido el expresidente Jair Bolsonaro. La Corte condenó a 371 personas involucradas en los ataques del 8 de enero,de las cuales 225 son considerados ejecutores,es decir,responsables de los delitos más graves,y 146 incitadores.

Algunos de los vándalos recibieron penas de hasta 17 años de prisión,como Fátima de Tubarão,una mujer de 67 años involucrada en los actos. Dos condenados fueron absueltos por el juez Alexandre de Moraes.