Gabriel Contreras advirtió de la desigualdad de condiciones de competencia que implica el artículo 56 del proyecto de ley.

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Gabriel Contreras Saldívar,representante del Consejo Coordinador Empresarial,aseguró que si el país quiere lograr estar entre las 10 principales economías del mundo,objetivo del Plan México para 2030,no se podrá lograr con los desincentivos que plantea la nueva ley de telecomunicaciones y radiodifusión.

En el primer día de Conversatorios para el Análisis y Propuesta de Dictamen de la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión en el Senado de la República,el excomisionado presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) advirtió sobre la desigualdad de condiciones de competencia que implica el artículo 56 del proyecto de ley.

“Actualmente las concesiones pueden ser de uso público,social o comercial,eso dice nuestra Constitución. El proyecto prevé en el artículo 56 que el Estado podrá otorgar concesiones comerciales,esas que se diseñaron para el sector privado,para perseguir fines de lucro,podrán otorgarse de forma directa al gobierno.

“Conforme a nuestra Constitución,las concesiones de espectro deben licitarse,el proyecto prevé que se entregarán de manera directa al gobierno sin contraprestación. A diferencia de los particulares que tendrán que seguirlas licitando. Esto,además de ser una violación flagrante a la Constitución,al día de hoy coloca un gran descincentivo para seguir invirtiendo en el sector”,acusó Gabriel Contreras.

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El también asesor Jurídico General y vicepresidente de Regulación y Asuntos Externos de AT&T México detalló que el artículo 56 del proyecto de ley prevé que además de asignar concesiones directamente al sector público y sin contraprestación,el sector público quedará únicamente obligado a cumplir con las obligaciones del título de concesión.

“No la ley,no el resto del marco regulatorio; únicamente (deberá cumplir) lo que diga el título para competir con condiciones de ventaja frente al sector privado”,puntualizó Contreras.

Asimismo,señaló que el Estado puede y debe participar en telecomunicaciones,sin embargo,debe analizar cuál es el mejor modelo para su participación. Cuestionó que la participación del Estado sea a través de concesiones diseñadas para el sector privado pero adaptadas en condiciones contrarias a la Constitución y tratados internacionales.

Y preguntó si mejor debe participar mediante concesiones públicas diseñadas para el Estado atendiendo zonas que no se han atendido y población que aun teniendo cobertura no cuenta con condiciones para acceder a estos servicios.

“Desde el sector privado compartimos el anhelo y la visión de convertir a México en una de las principales economías del mundo,que la conectividad sea para todos y conectar a quien no se ha podido conectar,pero es imprescindible que la ley genere condiciones de certidumbre a esas inversiones,y para ello es imprescindible que la ley respete la Constitución y los compromisos internacionales”,añadió.