El Frente Interno de Trabajadores del ICE volvió a perder una batalla judicial contra el decreto de ciberseguridad 5G,que excluye la participación de ciertos proveedores en el despliegue de las redes 5G,incluyendo a Huawei.

Crédito: Adobe Stock

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Pese a las críticas y cuestionamientos a nivel nacional e internacional,el polémico decreto de ciberseguridad 5G de Costa Rica,que restringe la participación de ciertas empresas en el despliegue de la tecnología,está acumulando victorias en los tribunales.

Esta vez,el Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo rechazó un recurso judicial que buscaba anular el decreto de ciberseguridad 5G del gobierno de Costa Rica,promovido por la Federación del Frente Interno de Trabajadores del ICE (FIT).

La medida abogaba por suspender el reglamento de ciberseguridad o,en su defecto,los artículos correspondientes a los requisitos que debían cumplir los proveedores de equipos para redes 5G.

Uno de los argumentos de la Federación del FIT en su batalla legal fue que dicho reglamento impone limitaciones a las libertades de empresa,comercio e industria,y permite que las autoridades tomen poderes discrecionales.

Además,la Federación sostuvo que el decreto de ciberseguridad genera inseguridad jurídica y puede tener graves consecuencias para el desarrollo económico y la atracción de inversiones en el sector de las telecomunicaciones.

En última instancia,la Federación advirtió que el reglamento tendría un impacto negativo en los trabajadores del Instituto Costarricense de Electricidad.

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Sin embargo,el Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo desestimó la petición al concluir que los estudios presentados para probar un daño grave carecían de solidez.

La resolución judicial señala que la evidencia se basaba en posibilidades,y no en hechos contundentes sobre un daño potencial a la competencia y a los trabajadores.

Asimismo,el fallo reconoció que el recurso del FIT produjo un atraso significativo para el ICE,que derivó en la suspensión de su licitación 5G por un año y su posterior fracaso luego de que se declarara desierta.

Hubert Vargas Picado,viceministro de Telecomunicaciones del Ministerio de Ciencia,Innovación,Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt),celebró el nuevo respaldo judicial al reglamento 5G,ya que consideró que el fallo valida el marco regulatorio y evidencia que la oposición al decreto genera retrasos para la modernización tecnológica del país.

Según el Micitt,la decisión del Tribunal destaca el carácter protector del reglamento,señalando que su objetivo es garantizar la intimidad,privacidad y protección de datos personales de los usuarios.

“Adicionalmente,el Tribunal indica que la tecnología 5G implica el manejo de ‘grandes cantidades de datos’ e información ‘personal y sensible’,lo que justifica la implementación de medidas de seguridad adecuadas”,dijo el Ministerio.

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El Ministerio también consideró que la resolución del Tribunal indica que suspender un reglamento que regula un tema “tan sensible como la seguridad cibernética” sería desproporcionado ante la falta de acreditación de un daño grave por parte del FIT.

Con esta nueva decisión del Tribunal de Apelaciones,el reglamento de ciberseguridad 5G gana un nuevo respaldo entre los múltiples recursos que ha enfrentado desde su emisión en agosto de 2023.

El documento identifica la existencia de riesgos para la seguridad cibernética de las redes y los servicios de telecomunicaciones,refiriéndose a la cadena de suministro 5G.

Y para garantizar la ciberseguridad en el desarrollo de la nueva tecnología,el decreto prohíbe que participen en el despliegue de 5G aquellos proveedores que provengan de países que no han suscrito el Convenio de Budapest,incluyendo a la china Huawei.

A principios de este año,el Tribunal Contencioso y Administrativo y Civil de Hacienda rechazó una solicitud de medida cautelar interpuesta por el FIT y la Asociación Pro Defensa de Consumidores Financieros y Afines (Aprodeco) contra el decreto de ciberseguridad.

Casi en paralelo,el mismo Tribunal rechazó otra petición de medida cautelar en contra del reglamento,la cual fue promovida por Huawei con el objetivo de buscar la suspensión de su aplicación.