La Comisión de Ciencia,Tecnología e Innovación de la Cámara de Diputados aprobó el Proyecto de Ley 4942/2025,que instituye el Plan Nacional de Inclusión Digital (PNID),una propuesta que reúne varias iniciativas ya en marcha al establecer metas nacionales de conectividad,inclusión digital y expansión del acceso a Internet en Brasil.

De autoría del diputado Alexandre Guimarães,el proyecto crea una política nacional permanente orientada a la universalización del acceso a Internet,conectividad en escuelas públicas y unidades básicas de salud (UBS),formación digital de docentes y ampliación de la cobertura móvil y de banda ancha en el país.

Entre las metas previstas se encuentran acceso a Internet para el 95% de la población hasta el sexto año de vigencia del plan y 99% hasta el noveno año,además de conectividad en el 100% de las escuelas públicas y UBS hasta el tercer año.

El texto también prevé cobertura 5G en el 85% del territorio nacional hasta el noveno año de vigencia de la ley. Actualmente,la cobertura del 5G alcanza al 63% de la población brasileña,superando las metas ya establecidas hasta 2029 en la subasta de la tecnología móvil de quinta generación,realizada en 2021.

El texto también amplía la destinación del Fondo de Universalización de los Servicios de Telecomunicaciones (Fust) para proyectos de inclusión digital y acceso a la conectividad. Entre las fuentes de financiamiento previstas se encuentran recursos del Fust,Fondo Social,acuerdos regulatorios del sector tecnológico,cooperación internacional y enmiendas parlamentarias.

Otro punto previsto es la creación de un Comité Nacional de Inclusión Digital,responsable de definir directrices,metas trienales y criterios de asignación regional de inversiones. El proyecto también prevé un sandbox regulatorio para proyectos innovadores de inclusión digital,en articulación con autoridades sectoriales.

En la justificación,el autor afirma que la propuesta busca responder a las determinaciones del Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU),que señaló fallas de gobernanza y fragmentación de las políticas federales de inclusión digital,sobre todo en el ámbito de las escuelas conectadas,donde fueron detectadas 20 iniciativas diferentes que demandan financiamiento público.

Según la justificación,una auditoría del tribunal identificó cerca de 12 millones de hogares sin Internet en el país.

El texto aún será analizado por las comisiones de Comunicación; Finanzas y Tributación; y Constitución,Justicia y Ciudadanía (CCJC). La tramitación ocurre en carácter conclusivo en las comisiones,sin necesidad de votación en el plenario,salvo recurso parlamentario.